Liberan a 4 víctimas de tráfico de seres humanos y otras 11 por explotación laboral en supermercados de Cataluña

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Interior Cataluña

El Gobierno ha aprobado la publicación de la licitación, prevista para finales de esta semana, para la contratación del servicio de suministro y ejecución de la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 70 edificios adscritos a la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra y el edificio del 112 en Reus.

Se trata de una licitación plurianual con un importe total de 7.602.841,81 euros .

En total se habilitarán 175 puntos de recarga en los estacionamientos exteriores dentro de los perímetros cerrados de los edificios policiales.

Debe tenerse en cuenta que el parque automovilístico de los Mossos d’Esquadra está formado mayoritariamente por vehículos de combustión interna con el correspondiente nivel de emisiones de CO₂ en función de su uso.

De acuerdo con las políticas medioambientales dirigidas a la reducción de estas emisiones, el Departamento de Interior estableció la prioridad de empezar a preparar esta infraestructura de puntos de recarga. En concreto será para vehículos híbridos eléctricos enchufables Hybrid Electric Vehicle ( PHEV) y para vehículos eléctricos de batería (BEV/EV). En definitiva, se trata de un paso necesario para el inicio de la transición hacia un parque automovilístico más sostenible medioambientalmente en todo el territorio.

Del total de los puntos de recarga previstos, 143 serán de corriente alterna con dos bases que dispondrán de una potencia de salida de 22 kW cada una. Los 32 puntos restantes, con una sola toma de conexión, verán aumentadas su potencia hasta los 50 kW.

Agentes de la Policía de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos de la DIC han detenido a 6 personas, de entre 30 y 40 años, a quienes se les acusa de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, en su vertiente de explotación laboral, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, falsificación documental y blanqueo de capitales. Los Mossos d’Esquadra han trabajado en colaboración con la Inspección de Trabajo del Departament d’Empresa i Treball.

En marzo del año pasado, la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal asentada principalmente en la comarca del Maresme y liderada por un empresario, cuya actividad principal , consistía en la explotación laboral de compatriotas sedes en varios supermercados. La organización gestionaba 16 establecimientos comerciales, que operaban como franquicias de marcas conocidas del sector, ubicadas en diferentes localidades de la demarcación de Barcelona y Girona.

Las víctimas trabajaban en unas condiciones prácticamente de esclavitud, salarios bajos o inexistentes, entornos insalubres, y se alojaban en los sótanos de los mismos supermercados donde estaban explotadas, o dormían entre los pasillos de los locales.

A partir de las informaciones aportadas por testigos protegidos y de algunos extra-trabajadores del entramado empresarial de los investigados, se iniciaron las primeras gestiones y actuaciones policiales que permitieron comprobar la veracidad del relato y confirmar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada y organizada. Los agentes identificaron a la gran mayoría de sus miembros y ubicaron los establecimientos y empresas vinculadas a éstos.

El día 21 de febrero, en el marco del dispositivo Iluro, los investigadores detuvieron a seis de los investigados y llevaron a cabo seis entradas y pesquisas. Conjuntamente con efectivos de la Inspección de Trabajo, se llevaron a cabo 12 inspecciones administrativas en supermercados. Estos establecimientos estaban gestionados por el mismo entramado criminal y se ubicaban en Badalona, ​​Barcelona, ​​Alella, Igualada, San Félix de Guíxols, Pineda de Mar, Premiá de Mar, Vallromanes, Montornés del Vallés, Caldes de Montbui, Santa Perpetua de Mogoda, Capellades y Santa Margarita de Montbui.

En las inspecciones administrativas se identificaron a más de una treintena de personas trabajadoras. Junto con una organización especializada en la asistencia integral a víctimas de tráfico de seres humanos, se pudo determinar que existían indicios suficientes para considerar que cuatro de ellas eran víctimas de tráfico de seres humanos y otras 11 eran de explotación laboral.

Fruto de la colaboración con la Subdirección General de Trabajo Autónomo y Autorizaciones de Trabajo, dependiente de la Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral, se comprobó que las regularizaciones de estas personas se hacían con falsificaciones de la partida de nacimiento. Este hecho permitía que pudieran acogerse al artículo 40.1 de la Ley de Extranjería y obtener de forma fraudulenta con un contrato en el país de origen, y una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena. Los jefes de esta organización eran también los administradores de las sociedades propietarias de los distintos establecimientos alimenticios franquiciados.

Algunas de estas víctimas, después de ser informadas de sus derechos, se acogieron a un recurso asistencial gestionado por el Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalidad de Cataluña, para recibir la protección integral a la que tienen derecho.





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