La policía desarticula una organización que defraudaba a personas dadas de alta en ficheros de morosidad



Policía Nacional  •         

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que defraudaba a personas dadas de alta en ficheros de morosidad mediante el empleo de números de tarificación adicional.

Las víctimas llamaban a estos teléfonos para gestionar la baja en listas de morosos de personas que ya habían cancelado sus deudas. Han sido detenidos  en Madrid 17 integrantes de esta red -asentada en Colombia y España- y se ha identificado a 140 víctimas en todo el territorio nacional.

La investigación se inició a finales de octubre de 2019 cuando se identificaron en España una serie de entramados empresariales dedicados a publicitar servicios fraudulentos de gestión de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de los consumidores en los distintos ficheros de solvencia patrimonial y crédito, conocidos como ficheros de morosidad.

Los arrestados actuaban de intermediarios entre personas declaradas morosas, y ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros), entidad estatal oficial que ofrece estos servicios de manera gratuita.

Esta organización criminal disponía de una campaña publicitaria muy agresiva por la que pagaba alrededor de un millón y medio de euros a un conocido buscador web para que ofreciera las páginas de la organización criminal como los primeros resultados de las búsquedas que se realizaban en Internet, posicionándose por encima de la página  oficial de ASNEF.

Estas llamadas tienen un coste de 1,57 €/min

Las víctimas se ponían en contacto con el teléfono que ofrecía la organización criminal para gestionar su baja en los ficheros de morosidad, para  posteriormente ser derivadas a números de tarificación adicional para continuar con las gestiones.

Estos teléfonos suponen un sobrecoste en la factura tasándose el importe de estas llamadas en 1,57 €/min. Para obtener un mayor beneficio los miembros de la organización alargaban lo máximo posible, y de manera injustificada, las llamadas de los clientes que se ponían en contacto con ellos. El contacto finalizaba sin que se hubiesen realizado los servicios requeridos y que normalmente consistían en solicitar la baja de los datos de las víctimas en los mencionados ficheros.