El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha dictado hoy una providencia en la que da un plazo de 5 días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la Ley de Amnistía a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.
En la misma resolución, el juez ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que “continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención” de los cuatro procesados citados, adoptadas en auto de enero de 2023, “por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”.
Por su parte, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó la causa del procés y la magistrada Susana Polo, como instructora del ’caso Tsunami Democratic’, han dictado otras dos providencias en las que dan traslado también a la Fiscalía y demás partes personadas para que presenten alegaciones a la aplicación de la Ley de Amnistía en sus asuntos respectivos.
