Detenidas 52 personas por el cobro ilegal de prestaciones públicas del SEPE

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La Policía Nacional, con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha detenido a 52 personas por el presunto cobro ilegal de prestaciones públicas. Uno de los detenidos es un abogado que, en colaboración con varias personas, se dedicaban a crear empresas ficticias sin actividad para facilitar el cobro del paro a trabajadores. La cantidad defraudada tanto al SEPE como al INSS asciende a más de 300.000 euros.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo tras recibir un escrito-denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social, con la denuncia se requería la actuación policial ante diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo por una sociedad con actividad en Albacete con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

La empresa denunciada se dedicaba supuestamente al comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas y tras las comprobaciones realizadas se comprobó que no existía ninguna actividad comercial y que se trataba de una vivienda residencial como indicaba la sede electrónica del catastro. Por ello, los agentes tomaron declaración a varios trabajadores de la sociedad que no cobraron ninguna prestación por desempleo, los cuales manifestaron que nunca habían trabajado para esta empresa y que habían pagado una cantidad de dinero a una persona para poder cotizar a la Seguridad Social.

Tras labores de investigación se pudo identificar a esta persona, que junto a su mujer figuraban como administradores de 30 sociedades, muchas de ellas con la actividad de comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas en las ciudades de Albacete, Alicante, Cuenca y Valencia. La mayoría de estas empresas compartían un nexo común y es que les constaba un mismo abogado de la ciudad de Albacete como tramitador autorizado para realizar gestiones (autorizado RED) ante la Seguridad Social.

A este letrado le constaban antecedentes policiales por fraude de prestaciones a la Seguridad Social y Falsificación Documental y al supuesto administrador también le figuraban numerosas reseñas policiales por delitos de estafa, defraudación y falsificación de documentos.





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