La Policía Nacional asesta un duro golpe a la mafia china en la Comunitat Valenciana


Agentes de la Policía Nacional han asestado un duro golpe a la mafia china en la Comunitat Valenciana. La investigación se ha desarrollado en siete fases en las que se han producido 81 detenciones, se han aprehendido 22.463 plantas de marihuana, se han desmantelado 19 naves industriales de producción y se han intervenido 61.000 euros en efectivo. En la última fase, desarrollada recientemente, los agentes han detenido a 30 personas en Valencia, Madrid, Albacete, Aspe (Alicante) y Elche (Alicante).

La organización desmantelada, compuesta por ciudadanos de origen chino, se dedicaba a la producción de marihuana mediante el alquiler de naves en polígonos industriales -radicados principalmente en la Comunitat Valenciana- y a su posterior exportación a países de la U.E. Además, el entramado operaba en “células” con idéntico modus operandi y misma técnica de seguridad.

La investigación, por otra parte, ha permitido liberar a 36 personas víctimas de explotación laboral, a las que los responsables de la organización tenían trabajando en condiciones precarias, 24 horas al día, todos los días de la semana. Asimismo, han sido liberadas 13 mujeres que se encontraban en pisos sometidas a explotación sexual.

La investigación se inició en febrero del presente año, si bien es extensión de pesquisas previas que ya habían evidenciado la existencia de una organización criminal de origen chino dedicada, presuntamente, a la producción y exportación de marihuana. Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de nuevos grupos, integrados en el seno de dicha organización, conformados por ciudadanos chinos que centraban su actividad productiva de marihuana en naves alquiladas de diversos polígonos industriales radicados, principalmente, en la Comunitat Valenciana.

“Células” con el mismo modus operandi

Los agentes observaron que la organización operaba a través de diferentes grupos que, aparentemente, desarrollaban su actividad criminal de forma independiente, adoptando el sistema de “células”. Sin embargo, la investigación ha permitido acreditar patrones comunes que permiten interrelacionarlos.

Todos ellos utilizaban la misma empresa de mensajería privada para enviar la mercancía al exterior, así como idéntico modus operandi en la exportación: similitud en el embalaje de los paquetes, descripción del producto como ropa, pesaje de unos 10 kg y misma técnica de envasado interior. Además, el proveedor del material necesario para el cultivo y acondicionamiento de las naves de producción era, en todos los casos, la misma persona.

Por otra parte, empleaban el mismo método para el transporte de la infraestructura hacia las naves, alquilando coches y furgonetas en casas de Valencia y/o Madrid por breve espacio de tiempo. Asimismo, todas las células coincidían en el empleo de la misma técnica de seguridad, consistente en el alquiler de pisos sin habitar que utilizaban ex profeso como “depósito” de la mercancía y del material necesario para el embalaje de la marihuana y su envío a otros países.

La investigación, además, puso de manifiesto que los diferentes grupos se valían de las mismas personas para el montaje de la infraestructura productiva de las naves de alquiler y de la misma persona para el envío de los paquetes de marihuana desde España a Reino Unido y Holanda. Los agentes también observaron una coincidencia reiterada en los nombres de los destinatarios así como en las direcciones de entrega de los paquetes de marihuana con destino Reino Unido. Por último, comprobaron que diversas personas de las distintas células investigadas se interrelacionaban entre sí.

2.200 kilos de marihuana exportados

Los responsables de las células tenían una doble residencia en Valencia y Madrid, siendo constantes sus desplazamientos entre ambas ciudades. En Valencia, además, disponían de cuatro domicilios que utilizaban únicamente como “depósito” para almacenar, envasar y preparar la marihuana para su envío al extranjero. En los registros de estos depósitos, los agentes localizaron 45,6 kg de marihuana en cogollos así como el material necesario para su preparación y envasado.

La investigación evidenció que la marihuana era cultivada o adquirida en España y exportada a otros países de la Unión Europea, principalmente Reino Unido (Inglaterra y Escocia) y Holanda. El método de exportación se canalizaba a través de diversas empresas privadas de paquetería simulando ser envíos de otros productos, generalmente ropa. Para satisfacer la demanda, los grupos investigados se desplazaban a otras provincias de nuestro país como Jaén, Sevilla, Cádiz o Toledo para comprar a otros proveedores partidas de marihuana que, a su vez, reenviaban por el método anterior al extranjero.

Los agentes han acreditado que, entre 2018 y 2019, esta organización ha enviado a Europa 325 paquetes que contenían unos 4.200 kilos de marihuana. Además, en el curso de la investigación, se han intervenido judicialmente cinco paquetes -enviados por los diferentes grupos y con destino a Reino Unido y Holanda- conteniendo todos ellos marihuana y arrojando un peso total de 35 kilos.

Desmanteladas 19 naves industriales

Los investigadores han confirmado que los diferentes grupos de la organización operaban en la Comunitat Valenciana, al menos, desde principios de 2018. Además, han constatado que ninguno de los componentes de los grupos realizaba actividad laboral remunerada alguna; presuntamente se dedicaban, de forma exclusiva, al cultivo y supervisión de plantaciones indoor en diferentes poblaciones de la Comunitat Valenciana. Con el curso de la investigación, los agentes han detenido a los responsables de los diferentes grupos y han desmantelado la infraestructura de 19 naves industriales ubicadas en diferentes localidades de Valencia, Castellón, Alicante y Albacete.

36 víctimas liberadas de explotación laboral

Los investigadores localizaron y liberaron a 36 ciudadanos chinos y vietnamitas en las naves, donde se encontraban sometidos a condiciones degradantes y de “semiesclavitud”. Además, comprobaron que carecían de documentación y que habían sido trasladados a España de manera clandestina para ser explotados y utilizados como mano de obra barata para realizar actividades delictivas.

La organización abusaba de la situación de necesidad y vulnerabilidad de estas personas; se aprovechaba de su situación irregular en España, de la carencia de documentación, el desconocimiento del idioma, la cultura y las costumbres españolas y de su ausencia total de relaciones sociales para que tuvieran que aceptar los trabajos, condiciones y normas impuestas por los responsables. Además, los agentes comprobaron que las condiciones de habitabilidad en el interior de las naves eran muy precarias, insalubres y con deficitarias condiciones de higiene.

Las jornadas de trabajo eran de 24 horas diarias, durante todos los días de la semana, debido a la necesidad de controlar permanentemente la temperatura, humedad, abono, poda, etc., de las plantas de marihuana así como de garantizar la seguridad de la producción, evitando la intrusión de terceros.

Algunas de las víctimas han relatado que no podían salir a la calle ni comunicarse con el exterior; únicamente recibían comida para poder seguir trabajando como auténticos esclavos. Asimismo, les prometieron un salario de 500 euros que nunca recibieron y, tras arrebatarle su documentación y su maleta, les obligaron a trabajar en condiciones de absoluta precariedad sin contrato de trabajo ni otro documento similar.

13 mujeres víctimas de explotación sexual liberadas

Los investigadores liberaron a 13 mujeres halladas en los seis pisos que la organización controlaba en Valencia, Sedaví, Alcira y Denia. Todas ellas eran de origen chino y ejercían la prostitución bajo coacción. Habían sido captadas en sus países de origen bajo falsas ofertas de empleo y, una vez en España, habían sido explotadas y obligadas a prostituirse para abonar la deuda contraída del viaje. Algunas de las víctimas reconocieron que habían sido trasladadas desde Madrid a Valencia y que, periódicamente, eran cambiadas de lugar.

La investigación puso de manifiesto que la organización tenía a las víctimas aisladas de la sociedad, encerradas en viviendas que eran controladas por integrantes de la misma. De esta forma, conseguían desarraigarlas de cualquier red de apoyo social -amigos, compatriotas, vecinos o clientes- para tener el control total sobre ellas y lucrarse con su explotación. Además, las mujeres carecían de documentos de identidad identificativos y, pese a llevar tiempo en España y estar ejerciendo la prostitución, muchas de ellas carecían de dinero. La explotación sexual era permanente, siendo obligadas a ejercer la prostitución simulada bajo la práctica de masajes, a cualquier hora del día o de la noche, siempre que fueran requeridas por algún cliente.

Los agentes constataron que las víctimas liberadas carecían de medios económicos, así como de la posibilidad de obtenerlos de manera lícita, por encontrarse en situación irregular y no contar con autorización de residencia ni trabajo. Asimismo, tal como han relatado las propias víctimas, tenían que estar disponibles las 24 horas del día, sin periodos de descanso; tampoco contaban con la posibilidad de descartar practicar sexo con determinados clientes y eran amenazadas con castigos si incumplían las normas. Por otra parte, la mitad de lo que cobraban a sus clientes por los servicios que prestaban tenía que ser entregado para la “casa”.

81 personas detenidas

Tras un año y siete fases, la investigación ha finalizado con la detención de 81 personas, 29 de las cuales han ingresado en prisión, y la aprehensión de 22.463 plantas de marihuana con un peso aproximado de 3.432 kilos. Por otra parte, los agentes han desmantelado 19 naves industriales de producción y liberado a 36 varones que se encontraban sometidos a explotación laboral en ellas, además de liberar a 13 mujeres víctimas de explotación sexual en seis viviendas. Asimismo, se han realizado 57 entradas y registros -19 de ellas en naves y chalés con plantaciones activas- y se han intervenido 80,6 kilos de cogollos de marihuana, entre depósitos y remesas, y 61.022 euros en efectivo.

Policía Nacional

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