Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos para su explotación sexual en pisos prostíbulos ubicados en Gandía (Valencia). Se han identificado a un total de 38 mujeres explotadas, siendo seis las liberadas. Eran captadas en su país de origen para venir a España mediante falsas promesas de obtener mucho dinero ejerciendo la prostitución. Adquirían una deuda que debían saldar ejerciendo la prostitución 24 horas, siete días a la semana, sin descanso, sin poder negarse a clientes ni de abandonar el piso sin vigilancia. Hay siete personas detenidas, y se han realizado siete entradas y registros de inmuebles, decretándose la clausura de uno de ellos.
La investigación se inició en el año 2024 a raíz de la desarticulación de una red criminal dedicada a la explotación sexual en Málaga, la cual intercambiaba dichas víctimas con otras organizaciones de similitud finalidad, siendo una de estas, identificada en Gandía (Valencia). De manera paralela se obtuvo la declaración de una mujer que manifestó ser víctima de esta red criminal de trata de seres humanos y explotación sexual en Gandía.
Captación, traslado y explotación
La organización criminal desmantelada, compuesta por personas de origen búlgaro y colombiano, se dedicaba a la captación y tráfico ilegal de mujeres principalmente colombianas muy jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, para explotarlas sexualmente en un piso prostíbulo ubicado en la localidad de Gandía (Valencia).
Las mujeres, en situación de vulnerabilidad y en condiciones de precariedad económica, eran captadas en su país de origen por parte de colaboradores de la red criminal, para posteriormente ser el principal responsable de la organización el encargado de contactar con ellas a través de video llamada para convencer a las víctimas de venir a España mediante falsas promesas de ganar mucho dinero ejerciendo la prostitución en unas condiciones que diferían mucho de la realidad.
Una vez que las víctimas aceptaban la oferta, el grupo criminal compraba los billetes de avión para viajar desde Colombia hasta España, así como el resto de gastos necesarios para el cruce de frontera. Antes de viajar a España, eran aleccionadas sobre cómo simular su entrada como turistas sin ser detectadas en los controles fronterizos del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. A su llegada a España, las víctimas eran recibidas por miembros de la organización, y eran trasladadas hasta el piso prostíbulo de Gandía donde comenzarían a ejercer la prostitución hasta saldar las deudas contraídas. En los casos en los que las víctimas ejercían la prostitución sin la imposición de una deuda, la organización les imponía un reparto de beneficios del 50%.
Las víctimas eran obligadas a trabajar ejerciendo la prostitución las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin descansos, sin la posibilidad de negarse a atender a los clientes o a la práctica de ciertos servicios sexuales. Además, no podían abandonar la vivienda sin la compañía de miembros de la organización, debiendo regresar al piso de inmediato en caso de que apareciese un cliente. El entramado les obligaba a fotografiarse para publicar anuncios en internet, y si acudía un cliente al piso prostíbulo, debían presentarse en ropa interior para que éste pudiera elegir con cuál de ellas mantener relaciones sexuales, no pudiendo rechazar ningún tipo de servicio sexual ni ningún tipo de cliente.
En caso de que un cliente solicitara servicios sexuales fuera del establecimiento, uno de los miembros de la organización era el encargado de trasladar a la mujer hasta el lugar acordado. Una vez finalizado el tiempo pactado con el cliente, la mujer era devuelta al piso prostíbulo para continuar ejerciendo la prostitución. De esta manera, la organización no solo controlaba los servicios prestados por las mujeres y la recaudación de los beneficios obtenidos, sino también cualquier desplazamiento que ellas realizaran fuera del piso prostíbulo.
