Guardia Civil
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación DROSIPAN-TERMINO, han desarticulado una organización delictiva que utilizaba un entramado de sociedades instrumentales ficticias situadas en Portugal para introducir vehículos en España procedentes de Alemania.
Una vez en nuestro país, la trama vendía los vehículos mediante sociedades distribuidoras sin el correspondiente pago de impuestos. Con esta mecánica, la organización habría introducido vehículos por valor de 35,3 millones de euros entre 2017 y 2021, defraudando 7,3 millones de euros de cuotas de IVA.
En el marco de la operación se ha detenido a ocho personas, entre ellos el cabecilla de la organización, así como otros responsables y organizadores de la trama, cómplices y beneficiarios del fraude.
De igual forma, se han efectuado seis registros domiciliarios en las localidades de Albacete, Bellreguard (Valencia), Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y Almería, que han permitido la incautación de 15 vehículos valorados en un millón y medio de euros y de abundante documentación en papel e informática sobre las operaciones fraudulentas detectadas y cuyo análisis permitirá añadir elementos de prueba a los ya obtenidos en la investigación judicial hasta el momento.
A su vez, se han adoptado medidas cautelares con el bloqueo de cuentas bancarias de las empresas implicadas en la trama de fraude.
El origen de la investigación
La investigación, se inició a raíz de una denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha tras un procedimiento de investigación previo que había desarrollado sobre las sociedades implicadas en la trama.
Gracias a las actuaciones realizadas por los investigadores, se detectó una serie de matriculaciones que resultaban sospechosas.
Metodología del fraude “Truchas introductoras”
El fraude utilizado por la trama arrancaba con una serie de sociedades ficticias españolas, conocidas como ‘truchas introductoras’. Estas sociedades simulaban la compra directa a proveedores europeos de vehículos usados que ya estaban matriculados en el país de origen. Al tratarse de adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen general de IVA, las sociedades españolas obtenían los vehículos exentos de IVA.
Posteriormente, estas ‘truchas introductoras’ vendían los vehículos a distribuidoras españolas de la misma trama, pero no ingresaban el IVA a la Hacienda pública que sí corresponde al tratarse ya de una operación interior. En cambio, el impuesto figuraba en las facturas de venta a las distribuidoras, que sí se deducían el IVA no ingresado por las ‘truchas’.
Con este funcionamiento, la organización podía vender los vehículos a las distribuidoras a un precio muy inferior, gracias al margen que otorgaba el fraude previo del IVA. Para dificultar su detección, la trama iba sustituyendo periódicamente las empresas que generaban el fraude por otras nuevas.
Al tiempo, y bajo la apariencia de entidades independientes, los directores de las distribuidoras realmente controlaban las ‘truchas’, que simplemente canalizaban formalmente las adquisiciones de vehículos usados a los proveedores de la Unión Europea.
De acuerdo con las investigaciones, algunos clientes de las empresas distribuidoras eran plenamente conscientes del fraude y actuaban en plena connivencia y coordinación, encargando la compra de vehículos formalmente a través de la trama para beneficiarse del ‘lavado del IVA’.
Una vez encargada la adquisición, se iba tramitando la matriculación del vehículo usado en España ante la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, previo paso por la Inspección Técnica de Vehículos, aportando la documentación de la transacción simulada para justificar la titularidad del matriculador. En ocasiones, incluso, la trama alteraba la documentación para intentar evitar controles sobre la matriculación.
