La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que introducía carburante adulterado en gasolineras low cost del Levante, con la finalidad de eludir los controles y evadir el pago de impuestos. Como resultado de la investigación, bautizada como operación “Tenk”, han sido detenidas 18 personas e investigadas otras 14, a la vez que se ha vinculado a 40 empresas con el entramado criminal.
La investigación se inició en 2023, a raíz de las quejas de vecinos de la localidad de La Hoya del Campo, en Abarán (Murcia), por el continuo trasiego de camiones cisterna. Gracias a esto, la Guardia Civil localizó un gasocentro irregular.
La entrada y registro de dicho establecimiento permitió incautar más de 70.000 litros de gasóleo, junto con maquinaria y depósitos. Se averiguó que este combustible era el conocido como “designer fuel” (combustible de diseño), una mezcla de gasóleo y otros componentes añadidos para modificar las características físicas del compuesto original y evitar el pago de impuestos. Además, se encontró una sustancia conocida como triacetina, un producto que no cumple las especificaciones establecidas para el gasóleo de automoción.
También se averiguó que el destino final de este combustible modificado eran estaciones de servicio tipo “low cost” de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia. Por último, las siguientes averiguaciones llevaron a encontrar otros dos gasocentros irregulares en los municipios de Abanilla y Silla (Valencia).
Combustible declarado como lubricante para eludir impuestos
Los investigadores descubrieron que estos carburantes adulterados provenían de Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania, entre otros países y que los cargamentos eran declarados como aceites y lubricantes y no como gasóleo. La finalidad era eludir los controles y formalidades exigidas para la circulación de productos sujetos al Impuesto Especial de Hidrocarburos en la UE, así como el devengo del Impuesto Especial, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades.
Estas mezclas de combustible son comercializadas por organizaciones criminales de forma fraudulenta, lo que causa pérdidas económicas tanto a los Estados miembros de la Unión Europea como al sector empresarial por competencia desleal.
Además, los gases emitidos en su combustión pueden suponer una amenaza para el medio ambiente y la salud pública. Su almacenamiento irregular también genera riesgos de vertido y pueden causar un perjuicio al consumidor final, por posibles daños en los motores de los vehículos particulares.
